La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la administración Trump para justificar deportaciones masivas, particularmente de presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, ha desatado una intensa controversia legal y pública. Desde enero de 2025, el gobierno ha utilizado esta ley, diseñada para tiempos de guerra, para deportar a más de 142,000 personas, muchas a terceros países como El Salvador, sin procesos judiciales completos. Jueces federales, como la jueza Patricia A. Millett, han criticado estas deportaciones, comparándolas con el trato a prisioneros nazis debido a la falta de debido proceso, y han emitido órdenes para suspenderlas temporalmente, argumentando que violan derechos constitucionales.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ha condenado enérgicamente estas medidas, destacando que restringen el acceso a representación legal y socavan la integridad del sistema judicial migratorio. Organizaciones como la ACLU y el Brennan Center for Justice han presentado demandas, alegando que la ley es inconstitucional en ausencia de una guerra declarada o una “invasión” verificable, y que su aplicación actual es un abuso de poder ejecutivo. Recientes fallos, como el del juez Alvin Hellerstein el 6 de mayo de 2025, han bloqueado deportaciones en distritos como el Southern District of New York, calificando la proclamación presidencial como ilegal por no demostrar una “invasión” o “incursión predatoria”. Estos litigios siguen evolucionando, con implicaciones significativas para los casos de los clientes.